Pueblo de Olivares de San Nicolás

Una medida muy dura, una respuesta solidaria


CONVOCAN A 40.000.000
DE ARGENTINOS
A APORTAR UN PESO
PARA COMPRAR
EL PUEBLO QUE SERÁ REMATADO


La idea consiste en hacer una “compra comunitaria” para después devolvérselo a los 800 habitantes para que se conviertan en dueños definitivos.


La campaña se instrumentaría a través de la parroquia local, de las entidades deportivas y de la propia escuela de Olivares de San Nicolás.



Al mismo tiempo, se presentará la propuesta ante la justicia cordobesa que
interviene en el caso.



La medida ya se había puesto en práctica hace dos años, cuando se propuso
a siete millones de personas que aporten un peso para comprar una reserva natural donde vivían once familias wichís.


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Un pueblo lucha para no desaparecer en Córdoba debido a un remate de tierras
Está emplazado en una finca de 9 mil hectáreas que produce olivas.
Un juez ordenó el remate de las tierras por una ejecución bancaria. Una parte del pueblo, incluyendo la iglesia, será vendido al mejor postor.

Los 800 habitantes aseguran que el pueblo desaparecerá.



Anoche, en Olivares de San Nicolás, un pueblito del noroeste de la provincia de Córdoba, a unas 800 personas les costó dormir sobre un suelo que ya no sienten seguro bajo sus camas.
Y en este caso no se trata de un movimiento sísmico.
O sí: es que un juez de la Capital Federal le puso fecha de remate a las 9 mil hectáreas donde no sólo está asentada una parte del pueblo, sino también la empresa en la que trabajan y los más de 100 mil olivos que les han dado de vivir desde que tienen memoria.

"El remate será a las ocho de la mañana del 18 de diciembre", le precisó a Clarín, Jorge Pierrestegui, de 57 años y dueño de la empresa Olivares de San Nicolás.

Indignado, el hombre dijo no entender porqué su acreedor, el Banco Francés, entidad a la que dijo deberle "un millón doscientos mil dólares", no espera hasta la próxima cosecha, que será desde febrero a junio, "para cobrar lo que le pagaremos".

Pierrestegui detalló que está a cargo de la empresa desde 1998, que emplea todo el año a más de cien personas, y que esa cifra se eleva "a más de 500" en tiempo de cosecha.

"Mire, yo no le pido sensibilidad social a un banco, sólo tiempo para saldar una deuda que como garantía tiene la propia fábrica", aseguró.

Pierrestegui también hizo hincapié en lo que él considera una contradicción: "Nosotros, junto al mismísimo banco, estamos sosteniendo, por ejemplo, uno de los comedores que atiende la hermana Theresa Varela (la monja africana que misiona en toda el área de Cruz del Eje).

Así que no entendemos que su departamento jurídico vaya en otra dirección".Por su parte, la religiosa confirmó a este diario lo dicho por el empresario, y dijo que "la gente tiene mucha angustia por lo que está por pasar.

Es que si se rematan esas tierras con algunas de sus casas, gran parte del pueblo se perderá y se quedarían sin su principal fuente de trabajo".Por su parte, el jefe comunal electo, el radical Antonio Carmen Heredia, le describió a Clarín el paisaje después del remate: "Además de unas 65 casas y sus respectivas familias, también nos quedaremos sin la iglesia, el destacamento policial, el puesto sanitario, las dos escuelas primarias y hasta el comedor para los chicos, ancianos y madres embarazadas que lidera la hermana Theresa".

Pero la decisión del juez civil Carlos Molina Portela, quien rechazó una medida cautelar presentada por Heredia, afectará más que eso: el sentido de pertenencia y el corazón de una comunidad que lucha por sobrevivir a un problema de tierras que viene de lejos. Heredia, quien que ha vivido en el pueblo "por más de 50 años", contó que ya se "salvaron" de otro remate. "Ese estaba previsto para el 30 de mayo, pero gracias a la intervención del gobierno cordobés nos salvamos", relata con cierta esperanza de que el milagro jurídico vuelva a suceder.Y es entonces cuando aprovecha para contar que el pueblo, Olivares de San Nicolás, nació a mediados de la década del 30, cuando se instaló la planta para hacer aceite y exportar aceitunas. Como muchas ciudades y asentamientos de todo el país, el pueblo creció alrededor de su fuente de trabajo y de los olivos que, en la actualidad, "suman más de 100 mil árboles".

¿Y cómo se llegó a este cuello de botella? Los empresarios aseguran que fue fruto de "varios golpes de mala suerte", entre los que responsabilizan al cambio climático. "El anteaño y el año pasado tuvimos cosechas casi nulas y no pudimos asumir las responsabilidades", admitió Pierrestegui, e insistió: "Sólo pedimos tiempo".

Algunas familias invocarán sus derechos sobre las tierras que habitan desde siempre, aunque no tengan títulos de propiedad. El abogado Eduardo De Luca le dijo a este diario: "Apelaremos a tratados internacionales sobre derechos humanos". Es que, aunque muchos terrenos nunca fueron escriturados y son del dueño del olivar, "hay gente que vive ahí desde hace más de 60 años".Mientras, el pueblo no duerme.
En el norte de Córdoba




Rematarán un pueblo para pagar una deuda





La Justicia dispuso el remate de 2200 hectáreas de una empresa dedicada al cultivo de olivos y vid cerca de la ciudad de Cruz del Eje (en el norte de Córdoba), que incluyen el pueblo de Olivares San Nicolás, de 600 habitantes, escuela, iglesia, destacamento policial, juzgado de paz y hasta club de fútbol con estadio propio.

“El daño ya está consumado. Obviamente los vecinos están desesperados, porque les subastarán las instituciones del pueblo: una escuela pública, un destacamento policial, una iglesia... ¡Las casas de cientos de personas! Les sacan todo, lo poco que tienen”, se quejó Manuel Díaz, el jefe comunal de Olivares San Nicolás.

El remate, que se hará el 18 del mes próximo, fue dispuesto en una causa judicial en la que el BBVA Banco Francés reclama a Olivares y Viñedos de San Nicolás, una empresa local, una deuda millonaria.

Theresa Varela, una monja africana que dirige allí un hogar solidario, advirtió a las autoridades, mediante una carta, sobre las consecuencias que tendría la proyectada subasta. “Implicaría la ruptura de un equilibrio económico-social y el desamparo de más de 100 niños que se alimentan diariamente en nuestro comedor y desarrollan un proyecto de capacitación", advirtió la hermana Theresa, que instaló en el pueblo la misión María de la Esperanza.

Paradójicamente, los alumnos de la obra de la monja reciben ayuda del banco mediante un Plan de Acción Social para América que realiza el grupo acreedor como parte de sus acciones de responsabilidad social empresaria. El Banco Francés ayer expresó que "se trata de un juicio por una hipoteca que viene de hace muchos años y el lugar ya estuvo a punto de ser rematado, más allá de que allí exista un pueblo. Si se llega a un acuerdo, continúa el mismo dueño, si no, se cambia de dueño".

La historia del remate se remonta a 1993. En Olivares San Nicolás, un poblado situado a 14 kilómetros de la ciudad de Cruz del Eje, funciona la empresa que le dio nombre al lugar con una plantación de casi 900 hectáreas de olivos.

El pueblo nació en torno de la compañía, dentro de los terrenos de la propia empresa, que donó a la provincia de Córdoba unas 40 hectáreas para que el Estado construya viviendas. La compañía se endeudó con el banco en unos 400.000 dólares y puso como garantía del pago la escritura de unas 2216 hectáreas, que fueron hipotecadas en beneficio del banco. Como la empresa incumplió, el banco buscó ejecutar la hipoteca e inició las acciones legales, que quedaron radicadas en el juzgado nacional en lo civil N° 46 a cargo del juez Carlos Molina Portela.

En ese proceso, el remate ya se pospuso pero ahora el magistrado fijó una nueva fecha para el 18 de diciembre próximo, a las 8. Con el patrocinio del abogado Eduardo de Luca, en un desesperado intento por frenar la subasta, el jefe comunal Manuel Díaz presentó una medida cautelar, que fue rechazada y ahora está apelada. Incluso pidieron el deslinde de la fracción donde está sentado el poblado, equivalente a unas 20 hectáreas del total.

La empresa ofreció, según dijo De Luca a LA NACION, pagar con la próxima cosecha de marzo y asegurarla contra granizo, pero no hubo acuerdo. Los pobladores ofrecieron comprar las hectáreas donde está instalado el poblado, pero tampoco se llegó a buen puerto. Díaz argumentó en su escrito que en la explotación agrícola existe una comuna reconocida legalmente por la provincia y como tal el Poder Judicial no puede enajenar los bienes del Estado.

Allí hay un centro comunal, un destacamento policial, una escuela con 200 alumnos, una iglesia, un comedor para chicos con carencias, almacenes, un club social, un estadio de fútbol con un equipo que participa de la liga de Cruz del Eje y un club de básquet. El apoderado de la provincia de Córdoba, Carlos Peracca, también se presentó en la causa y le recordó al juez que la Constitución provincial impide el remate de las viviendas familiares, aun cuando no estén inscriptas, y le señala que varias familias tienen reclamos para registrar a su nombre las parcelas que habitan.

La jueza de Paz de Olivares San Nicolás, Ramona Medrano, constató que hay allí 23 familias. El abogado De Luca advirtió que "el pueblo existe porque existe la empresa, que en época de cosecha necesita unas 1000 personas para trabajar. Muchas de ellas ya tienen gastado lo que van a recibir de la cosecha porque allí funciona todavía la «libreta del almacenero» para fiarle a los vecinos. Si no trabajan, no cobran y van a echar mano de la cosecha a como dé lugar".

Incluso invocó en su presentación el derecho de los menores a una vivienda digna, protegido por los tratados internacionales y la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, apuesta a que la Cámara de Apelaciones revea la decisión del juez o que las partes lleguen a un acuerdo para evitar la subasta.

· Instalaciones: el poblado tiene 600 habitantes y cuenta con una comuna, una iglesia, un destacamento de policía, una escuela a la que concurren 200 chicos, un club de fútbol, un club de básquet y algunos comercios.

· Oferta: la empresa endeudada ofreció pagar al banco con la cosecha de marzo próximo, a la que se comprometió a asegurar contra granizo, pero no hubo acuerdo. Los pobladores quieren comprar las hectáreas.

· Argumentos: afirman que el Poder Judicial no puede subastar los bienes del Estado. El banco quiere cobrar lo que la empresa le adeuda.